FALLO. Cristina Moreno muestra la sentencia del juicio que ha ganado a una entidad por usura. / D. M.
UN CASO DE USURA
Septiembre del 2006: Cristina Moreno recurre a una financiera privada, Nuevas Vías de Financiación, cuyo anuncio ve en un periódico para pedir 6.000 euros con los que pagar las cuotas de su hipoteca. El día 14 suscribe un contrato privado con el delegado de esa mercantil en Alicante. Ambos registran ese documento en escritura pública ante una notaría.
Marzo del 2007: El día 12 vence el plazo para que la clienta devuelva 14.171 euros. En realidad, la cantidad total a la que ha de hacer frente con la garantía de su vivienda en caso de impago es de 14. 805, ya que se consignan 734 de gastos. La prestataria, con serias dificultades para abonar la segunda letra del préstamo, no logra ponerse en contacto con la financiera. Parece que se ha esfumado. Lo intenta por otra entidad intermediaria sin éxito. Finalmente, logra pagar el crédito a través de su abogado para evitar perder su casa.
Junio del 2007: El letrado de la mujer presenta una demanda ante un juez de Primera Instancia al considerar que los prestamistas han incurrido en usura, una figura recogida en una ley de 1908. Reclama que devuelvan a la mujer 5.378 euros por exceso de intereses o, alternativamente, que le reintegren los 3.820 euros que ha abonado como depósito y que los demandados se niegan a devolverle porque no pagó la segunda letra del préstamo en la fecha convenida.
mayo del 2008: Tras diversos trámites judiciales, que incluyeron una providencia para que el letrado demandante aclarara los términos de su escrito, se celebra el juicio el día 17. La empresa, que no figura en el Registro Mercantil como tal, es juzgada en rebeldía. Unos días después, el magistrado da la razón a la consumidor y condena a los prestamistas a devolverle los 5.378 euros porque le habían aplicado un interés abusivo, en concreto del 120%. El juez afirma en la sentencia que se aprovecharon de la situación de necesidad de la mujer.
Junio 2008: La demandante pide la ejecución de la sentencia, pero los demandados recurren el fallo.
El recurso a los créditos rápidos agrava el sobreendeudamiento de las familias porque desconocen las cargas económicas reales que asumen debido a la falta de información adecuada por parte de las empresas financieras. Éstas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) tras estudiar la oferta de cuarenta oficinas de toda España.
El informe, presentado hace unos meses, analiza los préstamos que ofrecían dieciséis entidades diferentes entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre del 2007. Los resultados son desalentadores por lo que respecta al incumplimiento de las normas que garantizan los derechos de los clientes: «Cabe concluir que la legislación que regula la información para la contratación de estos productos existe, pero que ni se cumple ni se hace cumplir por quien debería, en este caso el Banco de España, ya que estas entidades están bajo su supervisión».
Entre las empresas examinadas por los expertos de la asociación figuran algunas tan conocidas como Cofidis, Mediatis, Cetelem y otras dependientes de bancos convencionales como el BBVA, Santander o ABN-Amro.
Esas empresas aún cumplen ciertas reglas, pero otras financieras privadas que se anuncian en los últimos años en los periódicos crecen sin ningún control ni supervisión por parte de las autoridades. Es el caso de Nuevas Vías de Financiación o New Ways, con sede en Dénia y que recientemente ha sido condenada por un juez a devolver a una mujer 5.378 euros porque incurrió en usura al tratar de cobrarle un 120% de interés en seis meses por un préstamo de 6.000 euros. El vicepresidente de Adicae, Fernando Herrero, expresa gráficamente la opinión de esta asociación, sobre esos prestamistas: «Hay que huir de ellos como de la peste».
Falsos ganchos
Adicae desmonta con su informe «uno de los ganchos que utilizan este tipo de productos para atraer a sus clientes»: la supuesta rapidez con que se conceden los créditos. En algunos casos, los plazos para el ingreso del dinero están lejos de las 24 ó 72 horas que se publicitan en los medios de comunicación y llegan a los ocho, doce e incluso dieciocho días.
Otra de las anomalías detectadas es que el derecho de desistimiento que recoge la ley -que permite al consumidor renunciar al contrato siete días después de contratarlo sin ser penalizado- «es pasado por alto» en la información que se ofrece y «solamente se incluye en el contrato en una maraña de cláusulas en letra pequeña».
Muchas veces, tampoco se comunica al prestatario las cargas económicas que asume en realidad, las comisiones y la existencia de productos vinculados al crédito como seguros o tarjetas de crédito, siempre según el estudio de mencionado. La publicidad que realizan es «agresiva», dirigida fundamentalmente «a amas de casa, inmigrantes, parados o pensionistas». Tratan de «desviar la atención del consumidor hacia las cuotas cómodas que se pagarán, la rapidez, la facilidad a la hora de pedir el dinero y la confidencialidad».
Adicae compara seis ofertas de préstamos rápidos de 3.000 euros. Cofidis, Mediatis, Eurocrédito , Dineroexpress, Crediágil y Imagine cobran tasas anuales equivalentes (TAE) de entre el 22 y el 24,85% y sobreprecios que oscilan entre el 47 y el 52%. Es decir, por ese capital inicial cobran en cuotas mensuales cercanas a los cien euros cantidades totales de entre 4.386 y 4.568 euros.
Los clientes deben tener también especial cuidado con algunas cláusulas que la mayoría de las veces no llegan a leer. Algunas, por ejemplo, permiten a la empresa trasladar los datos personales a otras mercantiles no relacionadas con el sector financiero.
Para Adicae, la conclusión principal de su informe es que el consumidor «queda desamparado y debe enfrentarse a tortuosos procedimientos administrativos (cuya resolución además no es vinculante para la entidad)».
En otros casos, ha de recurrir a los juzgados «con los costes y molestias que ello conlleva. Y lo que es peor, cuando se dé cuenta puede que el daño en la economía familiar sea ya difícilmente reparable.»
Extraido de http://www.laverdad.es/alicante/20080609/provincia/alicante-asociaciones-consumo-alertan-20080609.html
